La controvertida reforma judicial en Israel, impulsada por Netanyahu y que desató numerosas protestas, se postergó tras el inicio de la guerra contra Hamás el 7 de octubre pasado, cuando terroristas del grupo ingresaron por la frontera desde Gaza y provocaron la muerte de 1.205 personas, en su mayoría civiles. Además, los milicianos islamistas secuestraron a 251 personas: 97 continúan retenidas en Gaza y 33 murieron. En respuesta al ataque, Israel lanzó una vasta represalia en el territorio palestino. La reforma judicial modifica el comité de selección de jueces –integrado por nueve miembros–, que hoy requiere de un consenso entre la rama judicial y la política para nombrar a los magistrados del Supremo y del resto de Israel. Con la reforma, el Gobierno dominaría esta composición y necesitaría solo una mayoría simple para elegir a los jueces. Además, reduce las capacidades de la Corte Suprema para revisar las leyes aprobadas por el Parlamento. Es clave entender que los ultranacionalistas y ultrarreligiosos judíos de la coalición gobernante perciben a la Corte Suprema como un tribunal de izquierdas, que interviene en exceso en las decisiones legislativas y del Ejecutivo.
Esta intervención, sostienen, llega al punto de anteponer los derechos de las minorías a los intereses nacionales.
A principios de este año, la Corte Suprema anuló una disposición que iba a privar al Poder Judicial del derecho a decidir sobre la “razonabilidad” de las decisiones del gobierno o del Parlamento, por considerarla como un “daño grave a la democracia”.
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